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CAPITULO 2. Análisis del Marco Legislativo

La constitución española recoge en el artículo 27.7, que la participación de los padres en los centros escolares es un derecho. Hay tres leyes educativas que recogen distintos aspectos de la participación de los padres y otros miembros de la comunidad – LODE, LOGSE, y más concretamente la LOPEGCE.

El consejo escolar es el órgano de mayor poder decisorio de los centros y donde pueden participar los distintos colectivos del centro –padres, alumnos, representantes del ayuntamiento y otros agentes sociales-. Como miembros de este consejo, los padres de los alumnos y la colectividad social, pueden tomar las decisiones más importantes del establecimiento escolar: marcar las directrices básicas del PEC (proyecto educativo del centro); elegir al director y proponer su revocación; decidir la admisión de los alumnos; aprobar el reglamento de régimen interno; resolver los conflictos e imponer correcciones pedagógicas ante conductas indeseables por parte del alumnado; aprobar el proyecto del presupuesto del centro y la ejecución del mismo. Paralelamente se ha establecido que el consejo escolar podrá establecer convenios de colaboración culturales con entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de actividades complementarias o extraescolares. Lo padres pueden participar en las decisiones del centro escolar a través de sus asociaciones, y los centros docentes tiene la obligación de facilitar la participación de los padres ya sea de forma individual o a través de las asociaciones y sus representantes en el consejo escolar, además a de prestar ayuda en todo lo que se refiere a las actividades complementarias. También las asociaciones pueden utilizar los locales de los centros escolares para realizar las actividades propias.

Las asociaciones de padres de alumnos han promovido federaciones, en la actualidad en España hay dos grandes asociaciones de ámbito estatal: CEAPA (Confederación Española de Asociaciones de Padres de alumnos) y la CONCAPA (Confederación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos). Ambas participan del Consejo Escolar del Estado. El MEC convoca ayudas económicas para impulsar la creación de las AMPAS. Respecto al ámbito europeo el estudio difundido por Eurydice, ha puesto de manifiesto que se están haciendo esfuerzos para estimular una mayor participación de los padres en los órganos de gestión de los centros escolares. Dinamarca y Escocia son los países con una mayor participación, incluso llagan a ser responsables directos de las decisiones relativas al presupuesto de las escuelas. España sólo tiene atribuido como funciones el derecho a ser informados y a ser consultados.

Por otro lado, los centros educativos se insertan en un marco de autonomía institucional en dos sentidos: autonomía pedagógica y autonomía en la gestión económica. De hecho este último punto es controvertido, ya que los centros pueden cobrar por ceder sus instalaciones a iniciativas de carácter privado.

Lo cierto es que la posibilidad de participación de los padres u otros colectivos es más formal que real, en la mayoría de los casos se constituyen como rol de asesor puesto que su influencia en la toma de decisiones es mínima debido a sus pocos representantes en el consejo. Otro problema son los procesos de selección de dichos representantes, normalmente con una convocatoria al resto de miembros de dicho colectivo a un proceso de elecciones, pero no están desarrollados los foros de comunicación, de intercambio de ideas o los planteamientos pedagógicos de cada asociación o padres individuales. Existen pocas iniciativas en este aspecto por parte del personal docente y directivo del centro. La posibilidad de que el consejo escolar tenga representante de organizaciones empresariales queda a su vez reducido a lo que decidan los profesionales del centro. La consecuencia última es la bajísima participación de los padres de los alumnos y la práctica inexistencia de colaboración con otros colectivos de la comunidad.

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